La Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes una Declaración institucional contra el cierre de oficinas bancarias en el rural y en la que los grupos con presencia en la corporación provincial (PSOE, PP y BNG) apelan a sumar esfuerzos para encontrar soluciones a la pérdida de servicios financieros en los ayuntamientos menos poblados.
La presidenta provincial, Carmela Silva ,ha sido la encargada de leer el texto consensuado por todos los grupos (PSOE, PP y BNG) y en el que instan a sumar esfuerzos para revertir el cierre de oficinas bancarias en el rural pontevedrés.
La Diputación de Pontevedra se posiciona así «en la defensa del interés general de la provincia » y en especial de los concellos rurales de menor población. La institución defiende que las oficinas bancarias «prestan un servicio presencial básico» que resulta «imprescindible» en este entorno rural donde «abunda población de avanzada edad sin las competencias digitales necesarias para operar desde los portales de banca electrónica» siendo estas oficinas «el único recurso» al alcance de estas personas.
Ante lo que denominan como un «fenómeno de desertización bancaria», los grupos manifiestan su «profunda preocupación y un unánime rechazo» que es «compartido por todos los partidos políticos» y, sobretodo, por los vecinos afectados que reaccionan «con indignación e impotencia».
La Diputación muestra su apoyo a los ayuntamientos afectados, a los que extiende su «solidaridad» a los vecinos y reclama que se tomen «las medidas necesarias desde los poderes legislativos» animando a todos los actores políticos interpelados por esta situación a «adoptar todas las medidas administrativas y reguladoras necesarias para mantener una atención bancaria digna», entendida como un «servicio esencial» en todo el territorio rural.