El coste real de los servicios que se prestan a los ciudadanos está en el foco en el marco del debate activado con la reforma de la financiación autonómica y en Galicia, entre las comunidades más afectadas por el factor del envejecimiento, son elevados los recursos que se destinan a financiar los servicios sociales, pero también preocupa que el Gobierno central cumpla con su corresponsabilidad.
De hecho, la Xunta, que sitúa el coste anual del sistema de dependencia en Galicia en unos 430 millones, remarca que sigue aportando casi el 70% de recursos, pese al compromiso fijado de que Estado y comunidades deberían afrontar al 50% la factura. La Xunta sostiene que para “cumplir”, el Estado debería aportar 150 millones más al año y eleva su deuda con la Comunidad a unos 2.100 millones desde 2009.
Durante su comparecencia en la comisión activada en el Parlamento para contribuir a la propuesta gallega de financiación, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cifró en más de 500 millones el sobrecoste anual para Galicia de la dispersión. Pero el desembolso de recursos, y en consecuencia la relevancia de los fondos que se puedan recibir desde el Estado, es también notable en el apartado de servicios sociales.
Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó en 2006 la aprobación de la ley de dependencia que estipulaba varias prestaciones para ciudadanos dependientes que necesitan ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para financiar este sistema, se fijaba que las comunidades sufragarían el 50% y el Estado el otro 50%, pero una de las reivindicaciones autonómicas desde hace años es que esto nunca ha ocurrido.