En el inestable discurso de Inés Rey, la cuestión de inseguridad muda entre anécdota y problema según sople el viento. Esta semana se ve que viene el aire de las declaraciones pomposas. La semana pasada era el de la negación, en un vaivén que sino fuese por la trascendencia del asunto, empezaría a parecer cómico. Hace una semana la alcaldesa explicó en una intervención radiofónica que A Coruña era una ciudad segura y con unos indicadores mínimos de delitos. Y abundó en que todo este runrún ciudadano era una suerte de confabulación de finalidad política.
Poco antes, en septiembre, reconoció “conflictos puntuales”. En verano la situación, según Rey, era la opuesta: “Los coruñeses se sienten seguros y protegidos”, explicaba. A 21 de octubre la alcaldesa de A Coruña se reunió con el delegado del Gobierno, José Miñones, para poner en marcha medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana. O obxectivo desta xuntanza é o de reverter a sensación de inseguridade da cidadanía coruñesa”, explicó después.
Entre negaciones y contradicciones, el ayuntamiento se ha puesto, al fin, manos a la obra. “A actualización do Plan de Seguridade Cidadá irá acompaña dun incremento das medidas de reforzo da presenza policial xa en marcha nos barrios e tamén de intervencións de axentes de paisano”, informó el Concello a través de un comunicado en el que aludía a una cuestión “prioritaria” para la ciudad.
Lo que no aclaró es con que policías va a llevar a cabo todo este plan. Por si acaso, y ante el conflicto que mantiene el ayuntamiento con sus propios agentes, reclamó a Miñones, que se mostró preocupado por el aumento de la okupación de viviendas y bajos que no hace tanto se negaba, ayuda a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Le llamaron “coordinación”.