La inquietud se ha instalado entre los trabajadores del sector cultural y audiovisual con la aprobación de la Reforma Laboral, un cambio normativo que a pesar de las promesas previas desde tanto de la ministra de Trabajo como del ministro de Cultura, no contempla la especificidad de esos trabajadores. Ante esta situación, Miguel Lorenzo, portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Senado, ha presentado dos preguntas al Gobierno. “Es importante que, con urgencia, contesten y aporten soluciones”, anticipa.
Lorenzo plantea al Ejecutivo los perjuicios que la Reforma Laboral trae al sector cultural y audiovisual, por una parte al penalizar en la Seguridad Social los contratos de una duración menor a 30 días y, por otra, al suprimir el contrato de obra y servicio, que es el más empleado en ambos sectores. En ambos casos, se entra en contradicción con los compromisos adquiridos en el Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
El senador ha mantenido varias conversaciones y reuniones con representantes de colectivos del sector, que le trasladadaron que estamos ante “un disparate”. La sensación es de olvido y exclusión porque nadie en el Gobierno ha articulado una solución para que, antes de que se aprobase la Reforma Laboral, se hubiese desarrollado un sistema que protegiese una actividad que es esencialmente temporal y en la que con la normativa que ahora entra en vigor será imposible realizar contrataciones.
En sus preguntas al Gobierno, Lorenzo hace especial hincapié en la complicada situación en la que queda, sobre todo, el personal técnico y auxiliar con la supresión del contrato por obra y servicio. Además advierte que las nuevas modalidades de contratación que surgen de la Reforma no se ajustan a la realidad laboral del sector y se hace eco de la petición mayoritaria para que, mientras no se aprueben las medidas que recoge el Estatuto del Artista, continúen aplicándose las modalidades de contratación vigente.
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Texto íntegro de las preguntas presentadas al Gobierno
1. Desde diferentes entidades del sector cultural, se ha mostrado preocupación ante los efectos nefastos que la reforma laboral va a tener en el sector, dado que, pese a las declaraciones del Ministro de Cultura y de la Ministra de Trabajo respecto a que se iba a desarrollar un sistema protector de los trabajadores conforme a lo establecido en las bases del Estatuto del Artista, el texto aprobado excluye de la reforma al sector cultural y audiovisual, suprimiendo el contrato de obra y servicio, el contrato por excelencia del sector cultural dada la especificidad de la intermitencia que lleva aparejada esta relación laboral, ya que las nuevas modalidades de contratación que sustituyen el contrato de obra y servicio no se ajusta a la realidad laboral y contractual del sector.
Se solicita por el sector cultural que por el Gobierno se regule que, hasta que no se aprueben las medidas que recoge el Estatuto del Artista y de las personas trabajadoras de la cultura y del audiovisual, continuarán siendo de aplicación las modalidades de contratación del apartado primero del artículo 5 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y por Resolución del Ministerio de Trabajo y Economía social, se apruebe los modelos aplicables a este colectivo de trabajadores, incluyendo también al personal técnico y auxiliar afecto a las mismas actividades como en su día se comprometieron todas las fuerzas políticas.
¿Piensa el Gobierno atender esta petición a fin de dar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios del sector cultural?
2. Desde diferentes entidades del sector cultural, se ha mostrado preocupación ante los efectos nefastos que la reforma laboral va a tener en el sector, dado que, pese a las declaraciones del Ministro de Cultura y de la Ministra de Trabajo respecto a que se iba a desarrollar un sistema protector de los trabajadores conforme a lo establecido en las bases del Estatuto del Artista, el texto aprobado excluye de la reforma al sector cultural y audiovisual.
Uno de los efectos que esto producirá es que la actividad cultural quedará penalizada por la Seguridad Social por los contratos realizados por menos de 30 días, por lo que en su día transmitieron una propuesta de que se corrija la situación declarando que la cotización adicional prevista en el artículo 151 de la ley General de la Seguridad Social, en su redacción dada por RDL 32/2021, no procede para los contratos de todas aquellas personas trabajadoras a los que resulta de aplicación el artículo 32 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.
¿Va el Gobierno a atender esta propuesta solicitada por la mayoría del sector?