En el 2014, cuando en la rotonda de las Esclavas, pomposamente rebautizada para la ocasión como la Ribeira del Cómaro, se dieron cita decenas de personas para dar forma al movimiento político plural que pretendía ser la Marea Atlántica, uno de los gritos que más se repetía era que los cargos públicos tenían que responsabilizarse personalmente del daño ocasionado a las arcas públicas para no perjudicar al conjunto de la ciudadanía.
Eran los tiempos en los que la corrupción era una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y cuando en Galicia campaba a sus anchas una jueza que manchó el nombre de cientos de personas en vano, como se ha demostrado con los sucesivos archivos de todas sus fantasías criminales: apenas trece personas irán a juicio de las más de quinientas que llegaron a estar imputadas por las cuestiones más peregrinas.
Aquel grito de justicia social iba también contra el vazquismo, el otro anatema de esta panda de iluminados que venían a redimir a los coruñeses de su esclavitud urbanística a base de huertos urbanos, carriles bici y jardines a monte. Paco Vázquez y los suyos debían pagar por Someso, por el Ofimático, ahora pomposamente rebautizado como Xuxán para dar gusto no se sabe bien a quien, aunque a Inés Rey le da igual porque probablemente acabará el mandato sin pasar por allí, y por el edificio de Fenosa, entre otros muchos desmanes. Xulio Ferreiro, magistrado suplente que fue, se erigió en jefe del tribunal disciplinario junto con su amiga asesora jurídica Marta, poco hábil a la hora de ver las chapuzas de sus íntimos en la compra de pisos a otro coleguilla del movimiento mareante.
Esta semana hemos conocido la enésima sentencia contra las ocurrencias de aquel grupo de activistas que acabó encastillándose en María Pita y que fue desalojado en las municipales del 2023 pese a enfrentarse a un PSOE sin liderazgo y con una candidata de ocasión. Por tercera vez, el gobierno de la Marea Atlántica se ve enmendado en los juzgados. Primero, Ferreiro y sus dos principales colaboradores, el ahora líder de la formación, Iago Martínez, y el entonces concejal de Movilidad, Daniel Díaz Grandío (¿alguien lo recuerda? Yo tampoco) quisieron expropiar la concesión a la Compañía de Tranvías intentando aplicar con efectos retroactivos una sentencia de la UE, algo que debería obligar al actual decano de Derecho a devolver su título universitario.
Tras ese fiasco, aplicaron una rebaja de los precios del bus urbano alegando el beneficio excesivo del concesionario. Lejos de negociar con quien tenía los derechos, impusieron una medida por decreto que ahora han tumbado los tribunales con un severo rapapolvo a los supuestos políticos. Esta vez, la ocurrencia fue en solitario de Ferreiro y Martínez, con la inestimanle complicidad de la asesora jurídica, capaz de encontrar una excusa para bendecir cualquier ocurrencia mareante. “Lo hicieron tres meses antes de las elecciones, no por el interés de los ciudadanos”, expuso con acierto Ignacio Prada, actual responsable de la Compañía de Tranvías, para denunciar el electoralismo de una medida con la que tampoco la Marea consiguió engañar por segunda vez a la mayoría de los coruñeses.
Ahora, cuando se cuantifique el alcance de la indemnización, sería bueno armar una plataforma ciudadana (el resto de los partidos, empezando por el PP y el PSOE, atenazados por su pasado, no se atreverán a hacerlo) para pedir en los juzgados responsabilidades patrimoniales a los verdaderos responsables de esta desfeita, que tienen nombres y apellidos: Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, Iago Martínez Durán y Daniel Díaz Grandío.