La oposición de acceso a inspector de la Policía Local de Lugo está teñida por la sospecha: exámenes con respuestas coincidentes en varios de los aspirantes a la plaza. El ayuntamiento lucense suspendió el proceso opositor tras celebrar la primera prueba y elevar un informe a la Fiscalía la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Quintana.
Dos de los integrantes del tribunal son altos cargos de la Policía en A Coruña. También lo conforma Rafael del Barrio, secretario del concello lucense. Tanto a él como a la edil Paula Alvarellos les tomó declaración el fiscal jefe por haberse significado en la denuncia de las supuestas irregularidades. En una información publicada en la edición de Lugo de La Voz de Galicia se detalla como trascendió que había sido la magistrada la primera en sospechar de una posible filtración de las preguntas del examen, pero el fiscal señala el inicio de los temores sobre amaño unos días antes. “En su declaración, Paula Alvarellos relata que incluso antes de iniciar el proceso había rumores de que el concurso iba a estar amañado. Así se lo comentó al secretario y a la presidenta del tribunal”. Esas noticias llegaron incluso a la alcaldesa, Lara Méndez.
Con todo, la Fiscalía explica ahora a través de un escrito que no observa conducta delictiva en el proceso, ni tampoco relevancia penal, a pesar de apreciar razones para estudiar el caso y abrir una investigación. Tampoco le da valor, pro considerarlo ajeno al caso, a un suceso que aún enmaraña más el caso, la difusión de un mensaje recibido por uno de los integrantes del jurado para solicitar un presunto trato de favor respecto a una de las personas que se presentaban al examen. “Buenos días, Germán, te paso los datos de mi cuñado que se examina hoy, para que lo trates con cariño”, fue el mensaje que recibió Germán Lago, uno de los integrantes del tribunal. El fiscal considera que la solicitude de trato de favor no tiene poder de convicción. Y Lago apunta que no hizo caso a esa petición de “cariño”.
Lago, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía desde hace más de dos décadas y presidente regional del Sindicato Profesional de Policia, fue durante varios años director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, al que llegó de la mano de Javier Losada en 2007. Su final en María Pita, cinco años después fue abrupto y entre acusaciones cruzadas. Tiempo después el propio Concello le denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos, meses después de que Lago presentase otras denuncias contra diversos responsables de varios servicios del ayuntamiento.