El insatisfactorio final de una ventajosísima relación laboral es el único secreto que mueve el ánimo de revancha de un antiguo empleado del Grupo Caamaño para poner toda clase de palos en las ruedas de la ampliación de la factoría principal de la compañía en el polígono de Ledoño, en el municipio coruñés de Culleredo.
Con el apoyo de algunos medios de comunicación marginales y con extraños intereses en el caso, asesorado por un equipo legal que también ha sido denunciado, Julio Vales Ponte, que así se llama el protagonista de esta historia, lleva más de dos años enfrascado en una particular vendetta con la que torpedear una de las operaciones más exitosas del tejido empresarial gallego: hacer fracasar la venta de Caamaño al grupo vasco Kider, que bajo la marca Kimak garantiza el mantenimiento del empleo (cientos de puestos en los momentos de máxima actividad), la apuesta por la innovación tecnológica y un polo de desarrollo industrial con unas excelentes perspectivas de futuro.
Pero a Vales Ponte parece interesarle más el recuerdo de la abrupta salida de su ventajosa posición en el entorno del empresario fundador de la compañía que el futuro de los empleados de Kimak y sus familias, así como de los doscientos nuevos puestos de trabajo que se pondrán en marcha con la ampliación de la actual planta.
El pasado 10 de octubre del 2019, el Consello de la Xunta de Galicia informó a la empresa propietaria de los terrenos en los que se asienta Kimak aprobó la incidencia supramunicipal del proyecto de ampliación de sus instalaciones en el municipio de Culleredo. Esta declaración constituía el paso previo a la redacción de un proyecto sectorial y la tramitación continuó según lo previsto en la legislación en materia de evaluación ambiental y de ordenación del territorio.
En este sentido, el grupo se marcó como objetivo incrementar sus instalaciones en 10.000 metros cuadrados, en el ámbito de un ambicioso plan de crecimiento nacional e internacional puesto en marcha tras el acuerdo estratégico alcanzado el pasado mes de agosto con Kider Store Solutions con el objetivo de consolidarse como líder europeo y referencia mundial en el diseño y construcción de espacios comerciales y su mobiliario.
En septiembre del 2020, la Consellería de Economía inició el proceso de exposición a información pública de la solicitud de aprobación definitiva del proyecto sectorial para regularizar y ampliar la factoría de Culleredo mediante un anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
El proyecto supone una inversión de casi diez millones de euros y cuenta con el aval de la Consellería de Medio Ambiente, que afirmó que el plan de evaluación ambiental era innecesario, ya que los terrenos que estaban clasificados como suelo rústico iban a reclasificarse como suelo urbanizable industrial, salvo en los márgenes del río de A Regueira, que conserva la consideración de rústico de protección de aguas.
La Xunta entendió entonces que la actuación autorizada tenía un limitadísimo impacto ambiental y paisajístico, que minimizó mediante algunos consejos de obligado cumplimiento para garantizar la calidad de la actuación.
Después de superar todos los trámites legales necesarios, y recibir el aval de los tribunales en otra denuncia previa, Julio Vales Ponte, el hombre al que no parece importarle el bienestar ni el futuro de cientos de trabajadores, maniobra ahora ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que paraliza la necesaria inversión en la factoría hasta que una resolución del alto tribunal reponga el sentido común.
Vales Ponte tiene difícil acreditar que algún tipo de interés sobre la operación, más allá del de torpedearla, lo que debería estimar también el TSXG.
Quizás es la hora de que el antiguo empleado de Caamaño se dedique a sus actividades profesionales en empresas como Arcoponte, Río Furelos o Construcciones Menlle y que su asesor jurídico abandone su pasión por el fútbol y las remontadas imposibles.