El candidato a la Alcaldía y senador por el Partido Popular, Miguel Lorenzo, intervino este miércoles en la comisión de Exteriores del Senado para defender una moción del PP por la que insta al Gobierno a solicitar a su homólogo de Filipinas la detención de los tres policías acusados de la muerte de Diego Bello el 8 de enero de 2020 y se les ponga a disposición judicial.
Para sorpresa de los miembros de la comisión, el portavoz socialista anunció su abstención, frente al voto a favor del resto de grupos del Senado. Miguel Lorenzo pidió reflexión al senador socialista para mantener el consenso alcanzado en todas las instituciones: “Le pido generosidad para no romper la unanimidad porque esta moción es la que me piden los padres, está pactada con los abogados y con las autoridades. Lo que pedimos es que se cumpla una orden judicial y se detengan a los presuntos asesinos de Diego Bello y tengan un juicio justo”.
“El caso de Diego Bello es nuestro caso. Conmocionó a toda la opinión pública de A Coruña y de Galicia. La sociedad hizo piña contra esta flagrante injusticia para conocer la verdad. Todo el ámbito político ha apoyado esta causa, y se han aprobado mociones y declaraciones en Parlamento, Diputación y Ayuntamiento, siempre por unanimidad, solicitando Justicia Para Diego. La última, hace pocos días, cuando los padres, acompañados por la Alcaldesa y representantes del Parlamento y Senado de PP, PSOE y BNG, se personaron en la Embajada de Filipinas, y reclamaron lo que pedimos hoy: acelerar los trámites para la detención de los policías acusados del asesinato y su puesta a disposición judicial. Con tanto recorrido realizado, la impunidad no es una opción”, destacó en su intervención.
Lorenzo recordó que “tras las declaraciones de todo su entorno en Filipinas y su familia y allegados en España en cuanto a que resultaba imposible que traficase con drogas o que portase un arma, sus padres, auténticos padres coraje, iniciaron una campaña para conocer la verdad de lo ocurrido denominada “Justicia para Diego” a la que se ha sumado toda la sociedad civil coruñesa así como toda la clase política”.
El senador Popular destacó que “gracias a este empeño de los padres se inició una investigación que ha desmontado la versión de la policía. Todos los informes apuntaban a un montaje y, finalmente, el 25 de marzo el juez ordenó la detención de tres de ellos para ser juzgados por asesinato y manipulación de pruebas. Estos hechos fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que considera que lo ocurrido en la noche del 8 de enero del 2020 fue un asesinato e incluso lo califica como «ejecución sumaria»”.
“Recientemente, otro amplio informe elaborado por el NBI (el equivalente al FBI) de Filipinas desmontó punto por punto las acusaciones contra Diego e incide en que todo fue un montaje y que hubo una «conspiración para asesinar al joven». La Fiscalía de Filipinas, con la colaboración de oenegés de derechos humanos y las autoridades españolas en aquel país, trabajaron a destajo para el esclarecimiento de los hechos y todo lo que pusieron sobre la mesa fue admitido a trámite por el juez, quien decidió el ingreso en prisión de los agentes hasta el juicio”, señaló.
Así, Lorenzo valoró que se haya conseguido “la imputación de cargos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio contra el capitán Pañuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda Cortés, emitiéndose por el Juez una orden de detención que no ha resultado efectiva ni se están poniendo los medios necesarios para su localización, por el escaso interés que tiene la policía en colaborar, cuando los tres imputados continúan manejando sus redes sociales”.
Diego Bello es una de las 12.000 personas que, según Human Rights Watch, han muerto en Filipinas a manos de policías en supuestas operaciones antidroga desde que el anterior presidente, Rodrigo Duterte, decretó en 2016 una violenta guerra contra el narcotráfico. Su caso es también uno de los 57 en los que ya se han detectado indicios de ejecuciones extrajudiciales.
Por eso, Miguel Lorenzo pidió el apoyo de la comisión de Exteriores en la que se insta al Gobierno a que, “en aras de la relación de amistad y cooperación diplomática entre nuestros países, y en aplicación del Tratado sobre asistencia judicial en materia penal suscrito entre el Reino de España y la República de Filipinas en Manila el 2 de marzo de 2004, solicite al Gobierno de Filipinas, así como a sus autoridades policiales, que acaten la orden del Juzgado que conoce esta causa y se proceda a la de detención y entrega de los tres policías acusados de la muerte de Diego Bello y se les ponga a disposición judicial.”