El último Pleno de 2022 estuvo marcado por una evidencia más de los problemas de gestión y el bloqueo que supone para la ciudad gobernar en minoría. PP, BNG y Marea Atlántica lograron frenar el acuerdo al que el PSOE había llegado con el Estado para pagar 2,3 millones para recuperar la titularidad de la antigua prisión provincial de la Torre.
La cárcel, construida en 1927 en terrenos cedidos por el Concello, quedó de forma definitiva en manos del Estado tras un convenio firmado durante el mandato de Paco Vázquez para compensar la diferencia entre el valor de la cárcel y de los terrenos. Un convenio consolidado ya por sentencia judicial y que obligaba a pagar 1,12 millones de euros para recuperar el edificio.
El equipo de gobierno de Inés Rey había llegado a un acuerdo con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) para rebajar a 2,29 millones la cantidad de 2,8 millones que reclamaba la administración, sumando a la cantidad inicial los gastos desde 2011 como titular del complejo y también los intereses de los últimos años.
Desde la oposición, los diferentes grupos consideran pésimo el acuerdo y le reclaman precisamente a la alcaldesa un mejor acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez: «Se tanto liderado ten a alcaldesa, por que entón non se pelexa por lograr un acordo extraxudicial xusto co Estado que non pode ser outro que a reversión gratuíta do inmóbel ao Concello previa restauración por parte da Administración, a central, que é a única responsábel do estado de ruína en que se acha». Así de tajante fue Jorquera.
Tampoco mostraron su apoyo esta vez desde Marea Atlántica: «O Concello, grazas a Paco Vázquez, ten que pagar 1,1 millóns de euros por un edificio en avanzado estado de deterioro. Enriba, o goberno de Inés Rey propón pagar máis do dobre e que o Concello da Coruña renuncie expresamente a reclamarlle ao estado as súas responsabilidades nese deterioro e se faga cargo da súa rehabilitación. É inaceptable». Es más, el viceportavoz Iago Martínez acusó al Concello de falta de transparencia al no responder a las continuas preguntas sobre qué estudios había contratados para los usos futuros de la cárcel, amenazando incluso con acudir a la Valedora do Pobo si el silencio se mantenía.
Negativas a un nuevo acuerdo y ‘amenazas’ de Lage Tuñas
Desde el BNG apuntaron que en ningún caso se hacía un llamamiento a la rebeldía ante una sentencia, pero sí a buscar un mejor acuerdo para la ciudad de A Coruña: «Non se debate aquí acatar ou non a sentenza sobre o acordo entre o Estado e o Concello, senón que se debate o contido concreto dese acordo, en virtude do cal o Concello pagaría 2,3 millóns de euros pola cesión dun ben que é noso, que foi construído sobre terreos municipais, e que se nos cedería en estado ruinoso e sen ningún compromiso por parte do Estado para a súa restauración».
Desde el gobierno municipal no sólo se descarta abrir otra negociación con el estado, sino que durante la votación se vieron actitudes reprochables como la de Lage Tuñas, dejando entrever que la decisión puede conllevar “responsabilidades patrimoniales al votar en contra de los intereses generales del Concello”. Estas palabras fueron censuradas por Iago Martínez, que acusó al socialista de querer amedrentar a los concejales, y también por parte del popular Miguel Lorenzo, que calificó la intervención de «amenaza velada».