El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, se ha mostrado receloso con el posible traspaso de la AP-9 a la Xunta de Galicia pese a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso y que contó con el apoyo unánime del Parlamento gallego, incluido el PSdeG, alertando de que el encaje jurídico de esta transferencia se antoja «tremendamente difícil».
Durante su comparecencia monográfica sobre la AP-9 en el Congreso, Puente ha recordado que la infraestructura pertenece a la red de carreteras del Estado al estar integrada en un itinerario de interés general, que además está incluido en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo, y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal y a aeropuertos de interés general.
Es por este motivo por lo que el exalcalde de Valladolid remarca que el encaje jurídico del traspaso de la autopista del Estado a la comunidad se antoja «tremendamente difícil» . No obstante, Puente ha incidido en que lo importante es que la ciudadanía pueda beneficiarse del uso de la AP-9 «independientemente de su titularidad».
Del mismo modo, el ministro ya ha avisado que resulta «difícil» el encaje económico y jurídico de llegar a unas bonificaciones del 100% de los ingresos de la autopista, ya que en la práctica equivaldría a rescatarla, lo que es «inasumible» para la Administración teniendo en cuenta que la concesión de la carretera no concluye hasta el año 2040.
Con todo, Puente ha recordado el esquema de reducciones de los peajes que el Gobierno ha aprobado hasta el final de la concesión, los cuales se van a ir ampliando como parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG.
Por último, el titular de Transportes ha señalado que el objetivo del Gobierno es transitar hacia un modelo en el que se corrijan las diferencias territoriales en cuanto al pago de los peajes, pero siempre teniendo en cuenta que mientras la concesión no venza, «jurídica y económicamente es complejo proceder a su rescate».
«La mejor alternativa, la que tenemos en este momento a la mano, es mitigar el importe de los peajes dentro de las disponibilidades presupuestarias y con bonificaciones a los usuarios», ha remachado.
Sin embargo, el diputado gallego del PP Celso Luis Delgado ha exigido a Puente que «no se boicotee» la transferencia de la autopista a Galicia en esta legislatura, recordando la unanimidad del Parlamento gallego para aprobar esa proposición de ley.
Eso sí, ha reconocido que el PP se opuso hace unos años a la transferencia de la AP-9 a Galicia, aunque ha definido estos hechos como «unas páginas que quedaron muy atrás», por lo que ha reclamado a la mayoría de PSOE y Sumar en el Congreso que agilicen esta tramitación.
En el caso de Vox, su diputada Carina Mejías ha expresado su rechazo a la transferencia que se viene reclamando desde el Parlamento gallego, argumentando que ese traspaso «no va a mejorar la gestión», aunque sí que quiere una mayor bonificación.
Por su parte, el diputado de Sumar Manuel Lago ha destacado la bonificación de los peajes de la AP-9 como un «alivio» para los usuarios, aunque cree que «no soluciona el problema», incidiendo en su petición del rescate de la autopista gallega.
Y el diputado del BNG, Néstor Rego, ha ido en la línea de Sumar, reclamando a Puente que realice esta transferencia porque «este tipo de cuestiones» no se puede valorar en sentido de quién gobierna la comunidad autónoma.
Por último, la diputada del PSOE Patricia Otero ha recriminado al PP que rechazaran hace unos años la transferencia a Galicia de esta AP-9 y ha reivindicado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Sánchez para reducir los peajes