Las quejas de los vecinos de A Coruña con respecto al trato que reciben por parte del gobierno municipal son continuas y sobre asuntos variados. Y esto se refleja en que, una vez más, la Valedora do Pobo ha tenido que dar un tirón de orejas al Concello.
Hace unas semanas fue a raíz del los problemas derivados de la movida nocturna en el Orzán. Ahora, como consecuencia de una demanda recibida por un usuario del parking del Cantón Grande debido a la falta de adaptación de los aparcamientos subterráneos a la normativa vigente para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
Según apuntan en La Opinión, el conductor se metió en el aparcamiento y, una vez aparcado, se dio cuenta de que no existía ascensor para salir al exterior. Y los problemas no sólo van en los accesos, sino también en las medidas de las plazas, que no están actualizadas. La escasa distancia entre vehículos impidió que pudiera subirse de nuevo a su coche y tuvo que esperar a que otra persona se lo moviera para poder salir del parking.
La respuesta del gobierno municipal fue, primero, excusarse en la peatonalización del Cantón en la pandemia y que fue eso lo que frustró el proyecto de instalación de un ascensor que no ha vuelto a retomarse. Después, elegir, una vez más, entre una empresa concesionaria y los vecinos, quedándose con la primera. Apuntan desde el Concello que no puede exigir a la concesionaria que adapte las plazas a las nuevas dimensiones, ya que eso disminuiría la capacidad del aparcamiento al reducir el número de plazas, por lo que la firma podría solicitar una indemnización por la pérdida de ingresos.
Mientras desde el equipo de gobierno de Inés Rey se pide el archivo de las actuaciones a raíz de la queja, la Valedora do Pobo insiste en que las adaptaciones «son de obligado cumplimiento y no, como señala el informe, una norma sin mandato específico». Además, eleva el tono crítico señalando que desde el Concello se antepongan los intereses económicos a los «efectos discriminatorios» para las personas con movilidad reducida.
Pide también que se considere la opción de utilizar fondos públicos para solucionar el problema y apura al Concello a tomar medidas cuanto antes para que «el servicio de aparcamiento público sea plenamente accesible».