Un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, alerta sobre el ingente gasto de las administraciones públicas durante el estado de alarma, contrataciones efectuadas a través de la conocida vía de emergencia, una alternativa rápida para contratar, pero también opaca porque elude la habitual tramitación de expedientes administrativos y los principios de concurrencia, publicidad e igualdad.
El ayuntamiento de A Coruña no ha sido una excepción. En tiempos complicados y en los que era preciso tomar decisiones rápidas se llevaron a cabo tramitaciones directas y adjudicaciones a dedo. Todo legal. Pero en los corrillos de María Pita cada vez resuena con más fuerza el rumor subsiguiente a que no sea posible cotejar esos contratos, que no han sido publicados en la plataforma pública tal y como es preceptivo.
El misterio crece en torno a esos gastos, que por más que pudieran adjudicarse sin abrir expedientes no pueden eludir el deber de cumplir, a posteriori, las reglas de transparencia. En realidad la normativa indica que deben publicarse en quince días. La transparencia de los contratos de emergencia no solo es importante porque es la única información que existe sobre esos contratos, aunque apenas suele limitarse a quién se ha adjudicado qué, por cuánto y por qué se ha usado esa tramitación. Pero es que, como sucede con todos los contratos públicos, podría darse la posibilidad de que se recurriesen incluso una vez ejecutados. Y si no se publican, no puede comenzar el plazo para presentar ese recurso.
En todo caso, entre el funcionariado preocupado por estos asuntos sorprende también la pasividad de la oposición en el ayuntamiento coruñés, que aparentemente no se hace preguntas sobre esos contratos que siguen en el limbo de la desinformación.