El Palacio de María Pita es un hervidero de nervios. Esta semana, los intereses de Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, su mano derecha, están más pendientes que nunca de la calle Monforte y de la plaza de Galicia, sedes principales de las dependencias judiciales coruñesas.
La decreciente credibilidad de un gobierno local asaeteado por la aparición semanal de adjudicaciones y colaboraciones sospechosas entrará en una nueva fase si, como se espera, los jueces resuelven antes del 1 de agosto los dos principales contenciosos que afectan a la gestión ordinaria del Ayuntamiento.
El que más titulares acaparará será el de la declaración (o no) como tránsfuga de Mónica Martínez, actual titular del área de Deportes y presentada en su momento como fichaje estrella para integrar el equipo de gobierno socialista, para cabreo de la mayoría de su militancia y extrañeza de Ferraz, donde la maniobra generó muchos comentarios negativos.
Según ha podido saber diSÍnoticias, el tribunal que ha visto el caso tras la denuncia de Marea Atlántica, se muestra favorable a declarar como tránsfuga a la concejala que se presentó a los comicios del 2019 como candidata de Ciudadanos, que tramitó su baja en el partido de Inés Arrimadas y se enroló en el grupo mixto municipal como no adscrita en unos pocos meses.
Lage Tuñas la conquistó con su habitual trabajo subterráneo y la blindó como concejala, pero si la sentencia fuese negativa, el rol de Martínez Lema tendría que ser reconsiderado, ya que el Pacto Antitransfuguismo recoge que no se pueden asignar cargos ni retribuciones superiores a quienes sean declarados traidores a sus partidos. Con la persecución hacia la secretaria general de los socialistas coruñeses, Eva Martínez Acón, ya apartada de la gestión, Lage y Rey necesitarían pactar todas sus medidas para evitar ser derrotados en el pleno, donde el Partido Popular pasaría a ser primera fuerza.
Menos mediática pero mucho más importante es la resolución del contencioso presentado por la oposición contra el gobierno local para hacer valer las enmiendas aprobadas en los plenos como parte integral de los presupuestos, de obligatorio cumplimiento y respeto.
En las únicas cuentas que Lage Tuñas, concejal responsable de Hacienda, ha tenido a bien presentar en estos dos años (las terceras deberían estar ya en el horno y aún no se han empezado), PP y Marea pactaron varias enmiendas que los socialistas, poco habituados al diálogo más que como parte de la propaganda oficialista, desoyeron y se negaron a respetar.
La oposición pidió amparo a los tribunales y, según conocedores de las entrañas de María Pita, los nervios de Inés Rey y su mano derecha eran de tal magnitud esta semana que los gritos no solo se restringían a los despachos de la primera planta, la planta noble, sede de alcaldía y parte del ejército de directores de área, sino que alcanzaban a todo el edificio, sin reparar en si se dirigían a concejales o asesores.
Lage y Rey se juegan su prestigio político en esas dos sentencias. Sendos reveses pondrían en tela de juicio su estrategia y dañaría aún más su credibilidad dentro y fuera del PSOE. Por eso, los nervios no paran de aumentar en el palacio municipal. Y la Coca Cola los dispara.