La Xunta demanda al Gobierno central que elabore un plan global a nivel estatal como vía para afrontar el cierre de oficinas bancarias en municipios del rural, un problema que consideran de ámbito nacional derivado de la fuerte reestructuración del sector y que requiere un paquete de medidas global para garantizar «la accesibilidad de toda la población a los servicios financieros con independencia de su lugar de residencia».
Así figura en la carta remitida este martes por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la que demanda a la Administración central que aborde este asunto con «coordinación y planificación» desde el Gobierno del Estado.
Ante el cierre de sucursales bancarias que en Galicia afecta fundamentalmente a las oficinas de la entidad financiera Abanca en ayuntamientos del rural, el responsable de Facenda solicita al Gobierno un plan a nivel estatal y lamenta el «progresivo cierre» de oficinas bancarias en «las zonas menos pobladas».
Todo ello, continúa la misiva recogida en un comunicado por el Ejecutivo autonómico, «sin que exista un plan global a nivel estatal para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con servicios financieros básicos». El responsable de Facenda ve «esencial y urgente» que la Administración central elabore un estudio analítico sobre el mercado financiero en España «desde el punto de vista de la concentración bancaria, la competencia, y el acceso a los servicios financieros, especialmente en las zonas rurales».
Valeriano Martínez reclama también la articulación de un «marco normativo común» para regular «la prestación universal» de los servicios financieros «básicos» para, de este modo, «garantizar su prestación a todos los ciudadanos, con calidad y con un precio accesible». Además, la Xunta recuerda la elaboración de un protocolo, en colaboración con la Fegamp, para acercar los servicios financieros a los municipios que carecen de oficina bancaria.
El plan, al que, por el momento, se han adherido 38 ayuntamientos, establece la posibilidad de instalar cajeros automáticos en dependencias municipales, la habilitación de servicios de asistencia financiera de forma presencial y actividades de formación en cuestiones como la banca electrónica, recuerda el Gobierno gallego.