La Xunta de Galicia quiso salir al paso de las manifestaciones realizadas por el Delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y reclama al Gobierno central que escuche las demandas del sector y rectifique. Desde la Administración autonómica se acusa al Ejecutivo estatal de no cumplir sus compromisos como responsable del dragado de la ría de O Burgo, una responsabilidad que va más allá de la finalización de los trabajos. También se subraya, frente a las acusaciones de Blanco, que desde el Ejecutivo gallego siempre se mostró la máxima colaboración en esta actuación aportando la información precisa para la realización de los cálculos de las compensaciones económicas a los profesionales afectados por el cese de actividad marisquera a causa de estos trabajos.
Desde la Consellería del Mar se argumenta que en la propia declaración de impacto ambiental del Gobierno central señala que el cese de actividad incluye el período que transcurre desde que finalice la obra hasta que los bivalvos consigan un tamaño comercial. En esta línea, resulta incomprensible la negativa de Madrid a seguir sufragando las compensaciones económicas al colectivo de mariscadores como se venía haciendo hasta el momento, por lo que expresan nuevamente el apoyo a las demandas del sector y se acusa al Estado de incumplir sus compromisos con los trabajadores y de tratar de desviar la atención para no asumir su responsabilidad.
Desde la Xunta también afean la actitud mostrada por los representantes del Ejecutivo estatal al no acudir a las reuniones solicitadas desde el propio sector con el objetivo de abordar la finalización de los trabajos así como la futura siembra para que la misma se realice con las mayores garantías de éxito. Una actuación que contrasta con la de la Consellería del Mar, cuyos representantes acudieron a todas las citas a las que fueron convocados mostrando la máxima colaboración con la cofradía en la búsqueda de soluciones que permitan retomar la actividad marisquera en la ría del Burgo en las mejores condiciones posibles.