La Valedora do Pobo exige al Ayuntamiento de A Coruña que responda a la petición de información realizada por la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) sobre el número de procesos judiciales urbanísticos abiertos en la última década y el montante total de indemnizaciones que han supuesto a las arcas públicas, según informa esta asociación en nota de prensa.
“Tras la negativa por parte del Gabinete de Alcaldía de Inés Rey de facilitar los datos, la entidad recurrió a la institución gallega que ha verificado que su solicitud debe ser respondida por la administración local en base a la normativa de transparencia”, indican desde Ascega.
La Valedora, María Dolores Fernández, recuerda en su resolución que la legislación en materia de transparencia tiene como objetivo “someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo toman las decisiones, cómo manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan” por lo que valida las aspiraciones de Ascega de saber “qué costes han supuesto los errores de gestión de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento en los últimos diez años”, explica su presidente, Alfonso Salazar.
La asociación de emprendedores manifiesta haber solicitado en varias ocasiones, entre octubre y diciembre de 2021, la citada información, e indican que, “en un primer momento fue contestada de manera escueta por parte de Urbanismo, ateniéndose solo a los años 2020 y 2021”.
A este respecto, según señala Ascega en nota de prensa, la Valedora do Pobo reprocha que estos datos “no responden a la solicitud de información” porque los juzgados no tuvieron una “actividad regular” debido a la pandemia. Semanas después, según esta Asociación, el Gabinete de Alcaldía les habría negado el acceso a la información” lo que la representante autonómica califica de “incongruente” tras la primera respuesta.
“Los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades por todos los procesos judiciales e indemnizaciones que han derivado de las negligencias que ha cometido la Concejalía de Urbanismo en los últimos años por la disparidad de interpretaciones y polémicas decisiones que ha tomado”, añade Salazar, que exige que, tal como apunta la Valedora, el Concello conteste “con detalle y premura” a la solicitud de la asociación y acabe con la “opacidad” de la administración local en los últimos años.