La Valedora do Pobo ha vuelto a exigir al Concello de A Coruña que conteste a la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) y le informe sobre el número de procedimientos judiciales urbanísticos abiertos en la última década y el coste que ha supuesto para las arcas municipales. En un informe remitido a la entidad la semana pasada, la Valedora rechaza los argumentos del Gobierno local para negar el acceso a los datos y reitera la orden de que lo haga en el plazo de un mes.
La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, rechaza que la reclamación de Ascega sea “desproporcionada”, como alega la administración local. Al contrario, considera que es “plausible” aunque, apunta, “requiera una tarea específica o esfuerzo, algo adecuado al fin público amparado por la normativa de transparencia”. “El hecho de que sean necesarios determinados esfuerzos para dar respuesta a las solicitudes de información pública no es causa suficiente de denegación, puesto que tal cosa sería tanto como negar la aplicación de la normativa de transparencia”, alega.
En la contestación remitida por el Concello a la institución gallega, el Gobierno local negaba el acceso a la información porque supone la investigación de fuentes diversas y la reelaboración de la información por ser una petición “tan amplia”. Por el contrario, es una labor “lógica”, contesta la Valedora, que Urbanismo tenga conocimiento “de las consecuencias de los actos” que ejecuta, razona en su informe la Valedora, que recuerda que el objetivo de la normativa de transparencia es “someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas”.
La asociación de emprendedores solicitó en varias ocasiones, entre octubre y diciembre de 2021, la citada información, que, en un primer momento fue contestada de manera escueta por parte de Urbanismo, limitándose solo a los años 2020 y 2021.