Ocho de cada diez contratos que sucribió la Diputación de Ourense durante el año 2018 se adjudicaron como “contrato menor” o lo que es igual sin licitación pública ni se informasen ni publicasen las bases de un concurso para que hubiese libre concurrencia para prestar un servicio a la administración pública. Así lo apunta el Consello de Contas, que ha realizado un completo análisis de las áreas de áreas de subvenciones y contratación de la institución provincial y también reprueba que el procedimiento de concesión de subvenciones más empleado fue “la concesión directa nominativa”. El 84% se certificó así y además durante ese ejercicio examinado se realizaron varias modificaciones presupuestarias para incluir nuevos beneficiarios y ayudas.
El Consello de Contas constata que el 70% del volumen de los contratos menores de obras se concentraron en cinco adjudicatarios; y entre las empresas adjudicatarias de contratos menores, dos superaron el millón de euros de facturación y seis los 100.000 euros. E incide en que hay contratos menores, como el servicio de reparación de vehículos que, por su objeto, tienen carácter recurrente y se van a repetir en años sucesivos, que podrían ser incluso considerados “contrarios a derecho” si el órgano de contratación es consciente de sus características cuando empieza a tramitarlos.
Contas pone el foco en que la diputación ourensana optó por vías distintas a la de la concurrencia competitiva a la hora de entregar en ese ejercicio la mayor parte de contratos y subvenciones. La institución provincial, que dirige Manuel Baltar, por su parte, presentó alegaciones en las que recuerda que sufrió un hackeo que afectó a sus sistemas y a la cuenta general de este ejercicio, y que no tenía “intencionalidad” alguna de ocultar documentación al órgano fiscalizador.
El informe concluye que la Diputación “no cuenta con una suficiente estructura de personal” para dar cobertura a las exigencias en materia de control financiero. Asimismo, hace constar que, en el ejercicio analizado, se produjeron modificaciones presupuestarias por más de 29,5 millones, que representan más del 36% de los créditos iniciales, circunstancia que “también se produjo en los cuatro ejercicios anteriores”.
Los reproches de falta de transparencia en el máximo organismo provincial de Ourense resultan especialmente llamativos si se considera que la institución dirigida por José Manuel Baltar firmó en el año 2013 un contrato de asesoramiento precisamente para evitar incurrir en ese tipo de defectos. Era una asesoría enfocada a integrar “prácticas de buen gobierno y trasparencia” que corría a cargo de la empresa Mapa Consulting SL, de la que, como describió en su día el diario El País, era socio único, accionista y administrador un integrante del PsdeG, José Manuel Lage Tuñas, que hoy es portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior en el ayuntamiento de A Coruña.
Lage, que se había presentado sin éxito a la elección de secretario xeral de su partido en A Coruña, había sido parlamentario del PsdeG en O Hórreo y se había caracterizado, tal y como describieron diversos medios de comunicación gallegos por ser uno de los dirigentes socialistas más críticos con el supuesto “enchufismo” en la Diputación de Ourense, en manos del Partido Popular. Su contratación por parte de Baltar desató una oleada de críticas en el partido socialista, que abrió un expediente sin mayor recorrido. El decreto que justificaba su vínculo con la Diputación en un procedimiento negociado sin publicidad se estimaba justificado para “mejorar las prácticas de buen gobierno y la transparencia en la relación entre esta entidad local y los ciudadanos”. Dos años antes, Lage había reclamado que se fiscalizasen ese tipo de procedimientos por parte de la Xunta.
El ahora número dos del ayuntamiento coruñés explicó lo sucedido en unas declaraciones efectuadas a El País: “Si no tuvimos que competir con ninguna otra empresa fue porque la propuesta del trabajo fue nuestra; se lo propusimos y él aceptó; no hay nada más”. El grupo socialista de la diputación ourensana pidió a la dirección provincial del partido y a la autonómica que expulsase a Lage Tuñas del partido. “Su contratación puede ser legal, pero es inmoral”, explicaron. El interesado replicó que ofrecía ese mismo servicio a numerosas administraciones públicas y en declaraciones recogidas por El País se mostró confiado en los frutos de su trabajo: “Espero que con el tiempo se puedan apreciar los resultados”.