La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la bajada de las tarifas del bus urbano en A Coruña repercutirá, si no media acuerdo con la compañía concesionaria, en un coste de en torno a 5 millones de euros para el ayuntamiento herculino. Esa es la factura que deberán pagar todos los coruñeses por la decisión unilateral tomada en el otoño de 2018 por el gobierno local entonces integrado por Marea Atlántica y apoyado por el grupo socialista, una medida de tintes populistas que significó una pírrica rebaja de diez céntimos en cada viaje en bus y que ahora trae en jaque al Concello. Marea y BNG han pedido que se active un recurso. El ayuntamiento se lo está pensando, pero no lo ve claro. Es prácticamente imposible que se pueda sacar adelante. Contra esta resolución sólo cabe recurso de casación ante el propio Tribunal Superior o acudir al Supremo.
Los diez céntimos se multiplican por unos 23 millones de usuarios al año y elevan el dinero que dejó de ingresar la Compañía de Tranvías a más de 5 millones de euros, incluso a pesar de la reducción que se produjo con la pandemia. Todo por una rebaja que supuso más un inocuo gesto de tintes electoralistas que la atención a una demanda vecinal. El billete de bus no era caro en A Coruña, o al menos a 1,30 es más barato que en ciudades de un tamaño similar como puedan ser Vigo, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vitoria, Granada o Elche, donde fluctúa entre 1,35 y 1,50. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza confirma esa percepción cuando apunta que el acuerdo del ayuntamiento dirigido por la Marea no estaba “motivado por el interés social buscando un tranasporte urbano mejor y más eficaz que sirva a la totalidad de los ciudadanos coruñeses”, ni tampoco lo estaba por “circunstancias económicas y sociales relevantes”. Y apunta el Tribunal que la Administración no actuó conforme a las normas de la concesión.
El transporte público coruñés es el más autosuficiente de España, con una Compañía de Tranvías que es capaz de sufragar tres cuartas partes de su coste y está entre la que menos ayudas públicas recibe, según datos del Observatorio de Movilidad Metropolitana. La media nacional apunta a que en las ciudades casi la mitad de ese gasto procede de subvenciones municipales.
“La sentencia pone fin a la inseguridad jurídica en la que ha estado la empresa en los últimos años”, apunta Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías, que finaliza la concesión en 2024 y ahora tiene una posición de fuerza para poder negociar con un ayuntamiento que ha contraído una deuda con la concesionaria. Precisamente la duración de esa concesión estuvo también en litigio con el gobierno de Marea Atlántica en la ciudad. Y también el ayuntamiento salió perdedor cuando intentó sacar a concurso un contrato cuando no correspondía. Todos esos sainetes propiciaron esa inseguridad a la que alude la Compañía de Tranvías y que propició que la renovación de la flota no se lleve a cabo en los términos que pretendían, al no saber cuando y en que condiciones tenían la concesión.