Existe un indicador infalible para medir la pericia en la gestión que realiza un político. Tiene que ver con algo de lo que se habla estos días en A Coruña, con el presupuesto y su ejecución. El político (no todos, algunos viven de maravilla en la oposición) quiere mandar. Por el poder, pero sobre todo por el manejo de ese poder. Se supone que también para mejorar la vida de los ciudadanos. Y para eso está el dinero del que disponen, gran parte recaudado con las aportaciones que engrosan las administraciones a través de los impuestos.
Un repaso a la ejecución del gasto tanto en Diputación como en Ayuntamiento de A Coruña alerta sobre que gran parte de los recursos que deberían de estar a disposición de los ciudadanos están en un cajón. En la institución provincial se ejecutó durante el pasado año un 42% de lo presupuestado. Sólo en el apartado de inversiones se han dejado en caja, sin ejecutar, casi 193 millones de euros. La Diputación dispone de 320 millones de euros en fondos líquidos en bancos y tiene además un remanente en tesorería de 314 millones más. El porcentaje de presupuesto no ejecutado en los últimos seis años ha oscilado entre el 56 y el 62%.
Presupuesto no ejecutado es aquel que se destina en la cuentas anuales a diferentes usos en beneficio de la ciudadanía y que no se acaba de gastar, casi siempre por la incapacidad de los políticos para gestionarlo y darle salida. Esa inacción es especialmente escandalosa cuando se trata de un gasto que no se ejecuta en un contexto como el actual. En la Diputación se eleva por encima del 40%, en el departamento de Promoción Económica llega casi hasta el 70%.
Las cosas no van mucho mejor en María Pita, donde la ejecución de los programas sociales presupuestados es pírrica. Entre 2016 y 2020 los políticos de Marea Atlántica y PSOE presentaron una serie de programas sociales en los que se iban a invertir 7 millones de euros. Pero 4,2 millones se quedaron sin gastar. En el año que se declaró la pandemia, el gobierno que dirige Inés Rey fue incapaz de destinar 1,192 millones de euros de los que disponía para ayudar a la gente que estaba pasando dificultades.
El pobre balance de ejecución de los presupuestos repercute en la vida de los ciudadanos, en frenar el empleo, mejorar infraestructuras y, sobre todo, ofrecer una cobertura a quienes la necesitan. Mientras tanto, crecen la sospecha de una subida de impuestos. En A Coruña el nuevo presupuesto recoge un aumento del 19% en los ingresos que parece probable que salga del bolsillo de todos. Entre 2016 y 2021 la recaudación por el IBI ha aumentado en la ciudad casi tres millones de euros. Pero la pregunta surge sola: ¿Para qué es necesario engrosar el presupuesto si luego no son capaces de gastar lo que han aprobado?
