El sindicato CIG ha criticado este jueves la salida de Belén Gualda como presidenta de Navantia para ser nueva responsable de la SEPI y ha asegurado a través de un comunicado que el grupo naval público «parece una empresa de recolocaciones de cargos para afines al ministro de turno».
El sindicato nacionalista cree que el relevo «no es serio ni responsable», ya que van «cuatro presidentes en cuatro años, en un período en el que se aborda un plan que pretende marcar el futuro de Navantia», incide la central sindical. El Consejo de Ministros nombró a Gualda como presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo que llevaba vacante desde octubre de 2019. Gualda abandona Navantia, compañía integrada en la SEPI, apenas seis meses después de su nombramiento.
La CIG cuestiona la credibilidad, seriedad y seguridad que puede dar este tipo de situaciones ante potenciales clientes en un mercado mundial tan competitivo. De este modo, sostiene que entiende lo ocurrido como «un nombramiento político; disminuye posibilidades de desarrollo, a no ser que ese sea el oscuro objetivo en lugar de buscar responsables competentes». En esta línea, ha recordado que, hace una semana, Gualda decía que venía para dejar la compañía en mejor situación.
Según la central sindical, se le «advirtió que era el mensaje de los que la habían precedido; no creíamos nada, pues ahí lo tenemos, tan breve como ella hizo la presentación». «El problema es que acompañando a ese nombramiento se hicieron otros de protocolo, prensa y todos los que conlleva en el organigrama cada vez que hay un cambio en la presidencia», continúa CIG. El sindicato alude a «incorporaciones con sustanciosos salarios para personas de fuera cuando las hay en la empresa de sobrado conocimiento».
Para el sindicato nacionalista, «el Gobierno no se toma en serio a esta empresa cuando se está jugando su futuro». En esta línea, ha señalado que sus astilleros de la ría de Ferrol permanecen «sin carga de trabajo y sin un plan de inversiones en las nuevas instalaciones, carenas ni Fene». A su juicio, el grupo público propicia «malos augurios para la ría» al observar que Gualda «negaba la construcción de nuevas instalaciones con el dique y ahora es la responsable del accionista de la empresa».