La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mantuvo un encuentro con agentes sociales y económicos en la desde la Delegación del Gobierno en Galicia. Allí, la Confederación de Empresarios de Galicia le trasladó su interés en que sea la «valedora» de Galicia dentro del Gobierno para los fondos europeos Next Generation. Los empresarios entregaron a la ministra un documento con demandas y preocupaciones.
«Paliar la pérdida de peso del sector industrial sobre el PIB sufrido en los últimos años debe ser una prioridad; por lo que alcanzar el 20% es un objetivo imprescindible para que Galicia se incorpore al tren de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea», subraya la patronal gallega, que a través de su presidente Juan Manuel Vieites solicitó «el apoyo del Gobierno para que Galicia sea partícipe de los proyectos estratégicos y tractores que con los fondos europeos se desarrollarán durante los próximos años y que ello contribuya a favor de la reindustrialización de Galicia, especialmente de determinadas comarcas y sectores especialmente afectadas por la reconversión industrial de las últimas décadas».
La CEG reitera que todavía no se dispone de un marco normativo conocido sobre la forma en que se van a gestionar dichos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, «que debería aclarar el rol a desarrollar por cada una de las administraciones implicadas, los criterios de reparto y los mecanismos y procedimientos para concurrir por parte de las empresas con sus propuestas». «Así es que es preciso que se establezcan a la mayor brevedad estas normas», subraya.
Precisamente estos fondos europeos son los que tienen que contribuir, para la patronal gallega, a la finalización de una red de infraestructuras que vertebre Galicia y las cohesiones con el resto de España y con Europa, «resultando imprescindible para ello comprometer los recursos necesarios y ejecutarlos con rigor».
Juan Manuel Vieites comunicó a Nadia Calviño la necesidad de una reforma fiscal «justa y sin agravios entre territorios, apostando por un modelo que reduzca y simplifique fiscalidad». Al respecto, apuesta por bajar el impuesto de sociedades; suprimir los de sucesiones y donaciones y patrimonio; y promover que a nivel local se produzcan «las reducciones que correspondan en los impuestos municipales».
A estas medidas, y para evitar el correspondiente perjuicio para las empresas y profesionales que trabajan y operan conforme a la ley, la confederación considera «imprescindible poner los medios necesarios para reducir el impacto de la economía sumergida que en España representa más del 20% del total».