Este lunes entra en vigor una medida que llena de incertidumbre, inseguridad y preocupación a la flota gallega y coruñesa. Ya está en marcha el veto a la pesca de fondo que prohíbe este tipo de arte en 87 caladeros del Océano Atlántico.
Según datos de la Xunta de Galicia, esta medida tomada desde la Unión Europea supondrá un impacto económico de 300 millones de euros para el sector, pero se irá por encima de los 800 millones a nivel autonómico. Y es que la propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, apuntaba en la Radio Galega que se trata de «una situación de incerteza total, porque los pescadores aún no saben muy bien dónde tienen que pescar y cómo pueden pescar».
Este veto acabará afectando, directa o indirectamente a todos los barcos y patrones. Y lo que es peor, ya se teme que puedan surgir conflictos al interferir varias artes en los mismos caladeros al reducirse los puntos donde faenar. En este sentido, Quintana espera que «reine el sentido común, porque nuestro sector pesquero tiene más cabeza que algunos de los dirigentes que los están llevando por un camino complejo y de pura tortura».
Rosa Quintana lamenta la lentitud del Gorbierno Central en el recurso
A raíz de esta medida se seguirán produciendo reuniones a nivel europeo y también está en marcha el recurso que el Gobierno central ha anunciado que presentará. En este sentido también se ha mostrado crítica la conselleira, sobre todo por la tardanza: «Tenía que estar ya presentado, hubo tiempo desde junio».
Critican también desde la Xunta de Galicia la decisión de no solicitar la suspensión cautelar de un veto de tal impacto, lamentando que el Ministerio no adopte una actitud más proactiva porque «las razones y argumentos están del lado del sector».