El Tribunal Supremo ha dado de nuevo la razón a Audasa, después de declarar en una sentencia previa que el Gobierno central debía abonar a la concesionaria Audasa los casi 14 millones que dejó de cobrar desde 2017 al haber decidido el Ejecutivo de Mariano Rajoy bajar a la mitad la compensación por la supresión de los peajes de A Barcala y Rande, en la AP-9.
La concesionaria presentó un incidente de ejecución para que se fijase una cantidad exacta y se ejecutase la sentencia. En el nuevo fallo del Supremo, del 14 de octubre, se hace constar que no hay «ninguna duda» sobre la necesidad de «acoger el planteamiento de la ejecutante, tanto en la cuantía reclamada como en el sujeto obligado al pago».
La suma a abonar supera los 13,8 millones de euros y el propio auto subraya que la Administración del Estado «viene a reconocerla como la cantidad que corresponde a la concesionaria ejecutante por el período de tiempo reclamado y en aplicación del régimen jurídico concesional impuesto por la sentencia».
Sobre el sujeto obligado al pago, agrega que «la sentencia expresamente impone la condena a la Administración General del Estado», aunque «sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006».
Precisa, así, que «la cuestión suscitada sobre este extremo en fase de ejecución es ajena por completo a la pretensión articulada por la parte ejecutante y al ámbito de ejecución fijado en la sentencia», en relación con las alegaciones efectuadas por ambas Administraciones públicas.
Con estos argumentos, la Sala acuerda que el Gobierno deberá abonar a la ejecutante la suma de casi 14 millones de euros en concepto de retribución de la concesión por los años 2017 (desde el 31 de julio), 2018 y 2019.