“Estamos hablando de cifras muy elevadas. En este momento no está cuantificado a cuánto ascendería y hay que esperar. Lo que sí tenemos claro a día de hoy es que la bajada unilateral del billete de bus no se hizo conforme a derecho. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los tribunales”. Son palabras de Inés Rey en los micrófonos de Radio Voz tras conocer que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación por la bajada del precio del bus en el consistorio coruñés, decidida en su día unilateralmente por el gobierno de Marea Atlántica. En su día, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ahora firme, cuestionaba el método seguido para llevar a cabo esta medida, a la que el ayuntamiento ha dado continuidad tras la llegada de Inés Rey a la alcaldía. El derecho a indemnización de la Compañía de Tranvías se engrosa cada día y en un cálculo por lo bajo ya se puede ir más allá de los 5 millones de euros.
El cálculo para la indemnización abarca 2019, 2020, 2021 y prácticamente todo 2022. Se trata, según incide el Partido Popular tras conocer la noticia, de un importe millonario que puede afectar gravemente a las arcas municipales ya que también son millonarios el número de viajes realizados con estas tarifas ilegales.
Ahora, Marea Atlántica lamenta, en un comunicado que su edil Iago Martínez considera como “unha análise da decisión do Supremo comprometida co interese público e non cos intereses dunha empresa concesionaria”, la decisión del Tribunal Supremo e insta ahora al gobierno local a buscar otras vías para “mantener las tarifas y remunicipalizar el servicio en 2024”.
Sobre el fallo dictado en su día por el TSXG, tras un recurso de la Compañía de Tranvías por otro anterior que dio la razón al consistorio, Marea Atlántica, que a día de hoy tiene cuatro concejales en el consistorio coruñés, sostiene que “no avala el beneficio excesivo y contrario a las normas de la UE que recibe la Compañía de Tranvías”. “La sentencia tampoco le reconoce a la empresa el derecho a recibir indemnización”, insiste en un comunicado en el que avanza que pedirá al gobierno local “que cualquier pago a la concesionaria sea previamente autorizado por la Comisión Europea”.
Por su parte, el Grupo Popular en el ayuntamiento de A Coruña insta a Inés Rey a explicar públicamente el coste de la indemnización millonaria que habrá pagar a la concesionaria del transporte público urbano tras la firmeza de la sentencia que anula la modificación de las tarifas del bus aprobadas unilateralmente en 2018 por la Marea, para su entrada en vigor en 2019. “Es necesario aclarar cuál es el importe de la compensación económica que habrá que pagar con dinero del bolsillo de todos los coruñeses por la bajada de 10 céntimos por viaje, entre otras modificaciones, sin negociar previamente con la empresa para llegar a un acuerdo que evitase las demandas judiciales”, incide el Partido Popular.
Esta semana el concejal de Mobilidade Sostible con el gobierno de Marea Atlántica, Daniel Díaz Grandío, lamentaba el coste de los viajes que tuvo que pagar por no disponer antes de la tarjeta Millennium en su dispositivo móvil.