Los tres grupos políticos en el Concello de A Coruña han tomado distintas direcciones ante la petición del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) de solicitar un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros para afrontar gastos del pasado año que según el edil Gonzalo Castro, concejal de Fomento y Promoción de la ciudad, se destinaron “á prestación de servizos relacionadas coa programación cultural da cidade”. Para el Partido Popular estamos ante un “escándalo”, mientras que el BNG se muestra preocupado por la “inseguridade xurídica que rodea a xestión do IMCE e a cantidade de persoas da cultura -pequenas e medianas empresas, autónomos na súa maioría- ás que aínda se lles deben cantidades”. Más de 400 acreedores aguardan por esos pagos. Los nacionalistas se abstuvieron en la votación para aprobar la financiación de estos costes, el PP votó en contra, pero se aprobó el crédito con el apoyo de los ediles socialistas. Todo sucedió con un informe desfavorable y no vinculante de Intervención, el órgano que controla y fiscaliza de manera interna los gastos del ayuntamiento.
“Abstivémonos tendo en conta o informe da Intervención, que é desfavorábel e en espera dun informe preceptivo da Asesoría Xurídica que non se nos entregou”, detalló la concejala nacionalista Mercedes Queixas. El líder de la oposición, Miguel Lorenzo, fue más taxativo: “El Interventor municipal ha hecho un informe demoledor, por supuesto desfavorable a que se haga este pago de 2,5 millones de euros, en el que refleja que faltan informes y otros no están firmados por funcionarios. También señala que falta un informe jurídico de la Asesoría Jurídica municipal o del Secretario y el gobierno municipal presentó esta misma mañana un informe por una persona externa. ¿Por qué no lo hizo la Asesoría Jurídica municipal?”, destaca Lorenzo, que alude a “facturas irregulares”.
“No son irregulares”, se defiende Castro, que advierte que el gasto excedente del presupuesto original (en 2023 no se aprobaron cuentas y se prorrogaron las anteriores) se empleó en la realización de actividades de las que se pudo beneficiar la ciudadanía. “Contribuíse de forma clara á promoción da imaxe da cidade e ás empresas vinculadas ao sector cultural que viñan de pasar un período moi complicado coa pandemia e son pagos, moitos de eles, de cachés de artistas e gastos en produccións culturais”. Los pagos del año pasado se descontarán del presupuesto del IMCE para este año, que se verá reducido de 10 millones de euros a 7,3.
Con todo, Intervención abunda en que todavía quedaría en torno a un millón de euros más por abonar. “En total el gobierno municipal gastó irregularmente, sin seguir los procedimientos administrativos y sin dinero para pagar un 36% a mayores del presupuesto del IMCE”, reclama el Partido Popular, que apunta que desde que Inés Rey es alcaldesa, ha autorizado con su firma el pago de 6.659 facturas irregulares y un total de 131 millones de euros.