El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, participó esta mañana en la Comisión Delegada de Política Universitaria, en la que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció un nuevo cambio de las reglas de juego en su plan de contratación de profesorado.
En concreto, el Gobierno central volvió a modificar los porcentajes que debe asumir cada parte a la hora de financiar la contratación de estos profesores, incrementando la correspondiente a las comunidades autónomas, que deberán asumirla durante seis años, y disminuyendo la que va a asumir el Ministerio que, además, solo se compromete formalmente a la financiación de las plazas que le corresponden durante cuatro meses. Del mismo modo, se imponen que las convocatorias deberán estar resueltas en el primer trimestre del año que viene, cuando hasta el momento podían distribuirse en cuatro años.
El representante de la Xunta de Galicia lamentó este nuevo giro del Gobierno central «cuando las administraciones autonómicas nos habíamos adherido ya al acuerdo anterior, también impuesto, y lo habíamos abordado con nuestras universidades». «El Gobierno central vuelve a incrementar tanto el porcentaje del que tienen que pagar las autonomías como el número de plazas, más de 500 más en toda España, y lo vuelve a hacer sin negociarlo con la parte perjudicada», explicó.
«La Xunta había acordado previamente con las universidades gallegas que va a asumir la parte que le corresponda para hacer posible a contratación de este profesorado, pero el trato del Ministerio es una falta de respeto institucional», dijo el secretario xeral. «Además, la forma en que lo hacen parece querer contagiar a las universidades y a las administraciones autonómicas del caos normativo que caracteriza al Gobierno central», explicó.
En el mes de abril se impuso a las comunidades autónomas un acuerdo en el que el Ministerio financiaba el 66 % de las plazas durante seis años y las administraciones autonómicas el restante 33 %. Sin embargo, ahora el Ministerio se compromete solo a la financiación del 60 % de las plazas que habrá que convocar y solo durante cuatro meses, dejando en el aire cómo se va a proceder al pago de ese porcentaje hasta 2030. Sin embargo obliga a las comunidades a firmar un acuerdo en el que las compromete a asumir el 40 % de las plazas hasta 2030.
En términos prácticos, con el acuerdo anterior a Galicia le correspondía financiar la contratación de 50 profesores universitarios hasta 2030. Con el actual, esta cifra asciende a 66 docentes. Por su parte, el Ministerio se compromete a asumir la contratación de 101 profesores durante cuatro meses, solo una más de la que financiaba antes. A partir del 2025 no concreta en que porcentaje asumirá ese gasto, si lo hará, ni con cargo a que fondos.
A mayores, antes se daba la opción de que las universidades habían convocado las plazas en diferentes convocatorias a lo largo de cuatro años, para lo cual incluso se llegó a modificar un artículo de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario. Sin embargo, el nuevo acuerdo impone que todas se publiquen antes de fin de 2024 y estén resueltas en el primer trimestre de 2025. Esto supone un aceleramento en los plazos y una presión añadida para las universidades.
Hace falta recordar que este plan es ya un agravio a las universidades gallegas, cuyas plantillas están entre las más estabilizadas del Estado y que se ven menos beneficiadas por este acuerdo que otras que no fueron quien de mantener una buena política laboral interna.