Vigilan y fiscalizan que los gastos sean justificados, supervisan y controlan las actividades económicas de organismos públicos. Muchos políticos se lamentan en privado de que tienen un poder omnímodo, de que las promesas se las lleva el viento fiscalizador, lo cual tampoco tiene por qué ser siempre necesariamente malo. Pero también se les señala cuando exageran la nota, que a veces lo hacen. Son los interventores, un cuerpo de funcionarios de élite por preparación, pero también por salario.
En 2018 un interventor de la Diputación de A Coruña cobraba más que el propio presidente, que un año después se subió el sueldo y pasó de recibir algo más de 63.000 euros a llegar a los 71.500. Pero los interventores pueden estar incluso por encima de esa cantidad.
La clave es lo que reciben en la nómina en concepto de complemento específico, un concepto por el que hace tres años cobraban en torno a 44.000 euros, pero que este años, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia en su edición del 4 de febrero, se dispara entre los 51.619,73 euros del interventor general y los 46.768,61 del viceinterventor y los dos interventores adjuntos. A esas cantidades habría que añadir el sueldo base anual y el complemento de destino, que se elevan al entorno de los 30.000 euros entre ambos. En resumen: un interventor de la Diputación de A Coruña se mueve en los 80.000 euros anuales.
El gasto de los que vigilan lo que se gasta se eleva en el pazo provincial coruñés a 3.707.010,33 euros anuales. Ese es el coste salarial del Servicio de Intervención y Control Financiero. No son pocas las asociaciones que no buscan lucro y que están enfangadas en peticiones de devoluciones, sanciones e intereses, que se preguntan si merece la pena. O que al menos cuando se ingresa a ese nivel del dinero de todos no es injusto abrigar a quienes pasan frío.