El último día que era posible hacerlo, para así agotar los plazos y demorar más una resolución, decidió el ayuntamiento de A Coruña recurrir el fallo judicial que anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes. La noticia no la dio el equipo de gobierno local sino que la ofreció María García, portavoz de Marea Atlántica, la formación que decidió denunciar la incorporación de la exedil de Ciudadanos al equipo que dirige Inés Rey. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña determinó que iba en contra de la Ley de Bases de Régimen Local y del Pacto Antitransfuguismo.
“Lamentamos, moito, a decisión do goberno local de recorrer a sentenza do caso Mónica Martínez, prolongando unha situación que nunca se debeu ter producido. Unha decisión que empeora a calidade democrática no Concello da Coruña e que supón un mal uso de cartos públicos”, apunta Marea Atlántica, que entiende que la resolución judicial “sinala claramente que unha tránsfuga non pode ter un aumento de soldo nin ostentar responsabilidades de goberno”.
Marea Atlántica cree que lo correcto sería acatar la sentencia judicial y abre además dudas sobre el diálogo con el gobierno local. “E á vista do acontecido esta mañá na xunta xeral de EMVSA tampouco vai resolver os problemas internos do goberno de Inés Rey”, reflexiona la formación mareante.
Mónica Martínez ya había decidido hace unas semanas recurrir a título personal la sentencia. Al tiempo el Concello había solicitado una aclaración sobre cual era la cantidad que debía devolver la edil, en un movimiento que paralizó los plazos de un posible recurso. El juzgado explicó que Martínez deberá devolver al Concello los 20.215 euros que cobró de más sobre su anterior retribución antes de ser nombrada edil de Deportes. Martínez, que antes de dedicarse a la política trabajó como periodista, percibe al mes 4.255 euros desde que es concejala de Deportes, frente a los 3.191 que cobraba como edil de Ciudadanos y luego no adscrita, tras su marcha del partido naranja. La sentencia le obliga a devolver al ayuntamiento todo lo recibido durante sus 19 meses en el Gobierno local, restándole lo que percibía anteriormente.