El nuevo campo de fútbol de Eirís sufrirá todavía más retrasos en su construcción tras la decisión del ayuntamiento de A Coruña de rescindir el contrato con Arias Infraestructuras, compañía encargada de su construcción, a la que se puso fecha en diversas ocasiones, la última para el verano pasado. El caso es que ni siquiera se han iniciado las obras.
“Trámites burocráticos”, se había disculpado el Concello ante la demora de unos trabajos para los que se firmó un convenio en abril de 2018 por el que Estrella Galicia se hacía cargo de la inversión de 1,26 millones de euros en las nuevas instalaciones en compensación por la recalificación del campo de fútbol de A Grela 2, el Arsenio Iglesias, donde la cervecera instaló una ampliación de su fábrica.
Nada era nuevo. En marzo de 2015 el todavía alcalde Carlos Negreira acudió a Eirís y presentó un proyecto de campo fútbol de césped artificial. La instalación se planificaba con un edificio para vestuarios y un cierre perimetral. Con una inversión prevista de 826.581 euros, el complejo deportivo estaba planteado para ser utilizado por más de 7.000 usuarios durante 240 horas al mes. La idea era comenzar las obras a finales de 2015, pero el cambio de Gobierno local llevó la iniciativa a un cajón. El acuerdo con Estrella Galicia, que había deslizado la opción de salir de la ciudad sino se le daba una solución a sus necesidades, invitó al Ejecutivo de la Marea a retomar el proyecto, que además no le costaría un euro al ayuntamiento. Ferreiro anunció que el balón rodaría en Eirís a finales de 2018.
Pero ni así se logró activarlo. En un alarde de inacción, los sucesivos rectores municipales han logrado que se inicien las obras. Todo se enredó con el hallazgo de unos restos arqueológicos que ya se intuían y que obligaron a modificar el proyecto inicial. Al fin en junio de 2020 se licita la obra y se adjudica cinco meses, pero nada se hizo en Eirís mientras el incremento de precios de materiales propiciaban un sobrecoste de entre 200.000 y 250.000 euros que encaminaba todo hacia una anulación de la licitación con el precio actualizado, ya que la modificación en el precio de un contrato no puede sobrepasar el 10%.
Después de tres años de gobierno socialista y el paso de dos concejales de deportes, una obra cuya duración se estimaba en ocho meses continúa sin realizarse y ahora se anuncia la marcha atrás en todo el proceso.