“Queren adxudicacións? Pois van ter adxudicacións”. La sentencia es del portavoz del gobierno local José Manuel Lage Tuñas durante uno de los últimos plenos municipales de A Coruña. El ayuntamiento de A Coruña se afana en darle salida a la ingente cantidad de fondos europeos que ha podido captar en los últimos meses. Una manera, entienden los cerebros del lugar, de transmitir actividad a la ciudadanía. Obviamnete, a estas alturas, la mayoría son obras cosméticas porque no importa tanto el trabajo como tenerlo acabado antes de las inminentes elecciones municipales. Ya se encarga el edil Díaz Gallego de hacer listados en twitter.
Pero la realidad es más tozuda y recorre un camino de tres años en el que se han quedado en el cajón sin gastar un total de 204 millones de euros. Dinero que estaba presupuestado y al que el equipo de gestión municipal no le supo dar salida en beneficio de todos los coruñeses.
Ahora se conocen además los datos procedentes de las liquidaciones de los presupuestos de 2021, que maneja el Ministerio de Hacienda y que difunde el diario La Opinión. Muestran que A Coruña destinó a inversión apenas el 8,64% de sus fondos, el concello con un porcentaje menor en la comarca. El gobierno que dirige Inés es también el segundo que menos destina a gasto social y es el segundo que más presión fiscal ejerce sobre sus vecinos.
La capacidad de gestión de un gobierno municipal se mide por el grado de ejecución de sus presupuestos. El gobierno de Inés Rey dispuso durante el año 2021 de un total de 304,4 millones de euros. El nivel de ejecución, o lo que es igual de gasto de ese dinero disponible, se elevó hasta el 79,3%, cuatro puntos por encima del ejercicio anterior.
Pero es interesante entender que 6 de cada 10 euros se destinan a gastos corrientes (luz, agua, teléfono, recogida de basuras, limpieza de calles, mantenimientos…) y de personal (la plantilla municipal supera los 1.700 trabajadores). Es decir, del 40% restante, el Ejecutivo liderado por la alcaldesa apenas fue capaz de gestionar la mitad del dinero del que disponían.
Casi 63 millones se han quedado en el cajón porque nadie ha sabido articular la manera de ponerlos a disposición de los coruñeses. En 2020 ya habían sido 79 y en 2019 otros 62 millones.