Durante estos días se habla en A Coruña de ejecución presupuestaria, se lanzan cifras y porcentajes y que unos y otros retuercen en el sentido que les viene mejor. En medio de toda esta ensalada es complicado encontrar el aliño del rigor. La información siempre ayuda y por eso es importante manejar las siguientes claves para entender si existe eficacia en la gestión municipal:
- El dinero del que se dispone, pero que no se logra gestionar. El gobierno de Inés Rey dispuso durante el año 2021 de un total de 304,4 millones de euros. El nivel de ejecución, o lo que es igual de gasto de ese dinero disponible, se elevó hasta el 79,3%, cuatro puntos por encima del ejercicio anterior. Pero es interesante entender que 6 de cada 10 euros se destinan a gastos corrientes (luz, agua, teléfono, recogida de basuras, limpieza de calles, mantenimientos…) y de personal (la plantilla municipal supera los 1.700 trabajadores). Es decir, del 40% restante, el Ejecutivo liderado por la alcaldesa apenas fue capaz de gestionar la mitad del dinero del que disponían. Casi 63 millones se han quedado en el cajón porque nadie ha sabido articular la manera de ponerlos a disposición de los coruñeses. En 2020 ya habían sido 79 y en 2019 otros 62 millones.
- Inacción y una ciudad que no logra ponerse en marcha. En 2019 el ayuntamiento de A Coruña apenas logró ejecutar el 19,6% del presupuesto de inversiones reales. El pasado año llegó al 33%, pero dos de cada tres euros siguieron sin emplearse. No hay capacidad para licitar y adjudicar las obras en el plazo correspondiente, no se firman convenios con colectivos que los necesitan para subsistir, no se conceden licencias a quienes las solicitan para abrir un pequeño negocio o hacer una rehabilitación. No se completa el gasto social. En los últimos seis años, los gobiernos municipales la ciudad han sido incapaces de poner a disposición de sus ciudadanos una media de 64 millones de euros del presupuesto municipal, mientras tanto la gente paga cada vez más impuestos y recibe menos servicios, inversiones y equipamiento para sus barrios.
- En plena pandemia casi 2 millones de euros destinados a emergencia social se quedaron en el cajón. La ejecución en gasto social es desoladora, y más en un contexto como el actual en el que tantas familias están en dificultades y con una inflación como no se conocía en años. Un gobierno con capacidad para ejecutar, pero sobre todo con conciencia, centraría sus esfuerzos en que ni uno sólo de esos euros de los que disponen se quedase sin invertir. Pero entre 2016 y 2021, los gobiernos de Marea y PSOE fueron incapaces de encontrar destino a 11,25 millones que tenían en previsión de gasto social. Hay un dato todavía más estremecedor: en A Coruña en los dos últimos años se han quedado en el cajón municipal 1,8 millones de euros presupuestados para emergencia y renta social que pudieron haber ayudado a muchas familias.
- Previsión de recaudar 6,5 millones de euros más en impuestos y 2 en multas de tráfico. El nuevo presupuesto que entró en vigor hace un mes para el año 2022 es de 310 millones de euros y prevé duplicar las inversiones reales gracias a los fondos que llegan de la Unión Europea. Para ello la previsión es recaudar, por ejemplo, este año 6,5 millones de euros más en impuestos municipales y un total de 2 millones más en multas de tráfico. El Ayuntamiento, según las cuentas aprobadas por socialistas y Marea, de endeudará durante este año un 355% más que el anterior. El interventor municipal ya lo ha advertido.
- Cien millones pagados en facturas irregulares con contratos negociados sin publicidad. Inés Rey, además, ha autorizado el pago con su firma a través de decretos de Alcaldía de más de cien millones de euros en facturas irregulares con informe en contra del Interventor municipal. En 2021 batió el record del número de facturas, con 1.677, la mayoría por estar prestando servicios sin contrato, algo muy habitual en los últimos siete años de gobierno.
- 208 millones en el limbo desde hace siete años. Entre 2016 y 2021, los gobiernos municipales que han pasado por María Pita han privado a los coruñeses de 208 millones de euros que debían ser destinados a inversiones para mejorar los barrios. Fueron además incapaces de gestionar 10 millones que ellos mismos habían presupuestado para gasto social y con los que se podría haber ayudado a miles de familias vulnerables de la ciudad.