El grupo del Partido Popular en el Senado ha exigido hoy al Gobierno Central que asuma las indemnizaciones que deben recibir los mariscadores de la ría de O Burgo mientras las especies resembradas no tengan la talla suficiente para que se puedan comercializar.
Los populares, a través de su senador, Manuel Ruiz Rivas, defienden que es el ejecutivo central el que debe asumir el pago de estas compensaciones, toda vez que, en su opinión, es el Estado el que “lideró, adjudicó y contrató la obra” y, por lo tanto, y tal como se recoge en la declaración de impacto ambiental, las afectaciones a los bancos marisqueros irán más allá que la propia ejecución del proyecto.
“La obra dura, no lo que están las máquinas sobre el terreno, la obra dura lo que la declaración de impacto ambiental dice que dura. Y la declaración de impacto establece que las afectaciones llegan hasta que las especies resembradas adquieren una talla adecuada para su comercialización”, explicó el popular.
Además, Ruiz Rivas subrayó que la propia baja presupuestaria de la obra permitiría al Estado poder hacer frente a estas indemnizaciones. “No hay por lo tanto, ni razones legales, ni razones económicas para oponerse al pago por las afectaciones de una actución que es competencia de Estado y que es exclusivamente responsabilidad del Estado tal como lo demuestra un estudio independiente realizado por la Universidad de Santiago de Compostela”, apuntó el popular.
Lejos de quedarse aquí, el senador gallego acusó al Gobierno Central de incumplir el compromiso adquirido con los mariscadores en el pasado mes de enero. “Me pregunto si estaríamos hablando de estas indemnizaciones si estas obras estuviesen en zonas costeras de comunidades en las que ustedes tienen que venderse para seguir gobernando”, afirmó el popular, quien se preguntó por qué el Estado recepciona unas obras que ya sabe que están mal ejecutadas.
Por otra otra, parte Ruiz Rivas explicó la negativa de su formación a aceptar la enmienda presentada por el grupo socialista en la que se reclamaba que Xunta y Gobierno Central asumiesen a partes iguales el pago de las indemnizaciones a los mariscadores.
“Es el Estado el que causa las afectaciones al trabajo de los mariscadores. Es el Estado el que ha hecho mal las cosas y el que debe asumir las consecuencias de una obra que es responsablidad suya”, apuntó Ruiz Rivas, quien recordó que el Gobierno Gallego colaboró en el saneamiento de la ría, pero incidió en que la regeneración es competencia “única y exclusiva” del ejecutivo central.