Los sindicatos CIG, CCOO y UGT han anunciado este la convocatoria de una huelga a la que están llamados todos los trabajadores y trabajadoras de residencias privadas de mayores y centros de día de Galicia, y que tendrá lugar el 18 de marzo, para denunciar el incumplimiento del convenio por parte de la patronal y las condiciones de «precariedad» en las que este colectivo tiene que desarrollar su trabajo, pese a tratarse de un servicio público esencial.
Según ha explicado en rueda de prensa la responsable de la Federación de Servizos de la CIG, Tránsito Fernández, las negociaciones del convenio (el último aprobado caducó a finales de 2019) se encuentran bloqueadas por la «poca ansia» de la patronal por llegar a un acuerdo, y ha señalado que uno de los principales obstáculos en la negativa de la parte empresarial a mejorar las condiciones económicas de las plantillas, a pesar de que ya se conoce que 2021 acabó con un IPC del 6,5 %.
Tras el fracaso del intento de mediación, la portavoz de la CIG ha constatado que «esto no puede seguir» y «la única solución» que queda a las trabajadoras, la mayoría mujeres, es ir a la huelga para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino también sociales. La convocatoria afecta a más de 10.000 empleadas y empleados de toda Galicia.
Tránsito Fernández también ha lamentado que, pese a las denuncias y peticiones de los sindicatos para que la Xunta hiciese inspecciones en los centros, la consellería de Política Social no ha actuado, «y ya no se aguanta más la situación, la precariedad, la falta de control, excesos de jornada…ya no se hacen ni cribados de Covid».
Por su parte, Iria Estévez, de CCOO, ha lamentado que la «precariedad» laboral en el sector de las residencias privadas «va camino de convertirse en crónica», y ha apuntado como ejemplo que hay salarios que están «por debajo del SMI, pero no del último acordado, sino de los anteriores que eran más bajos». Estévez ha criticado la negativa de la patronal a actualizar los salarios de las plantillas, cuando las empresas «sí que han aplicado el IPC al precio de las plazas».
Javier Fente, de UGT, ha denunciado que, pese a la situación de este colectivo laboral, «la Xunta se pone perfil», incluso aunque se trate de un servicio de interés público, y ha recordado que, al margen de la cuestión salarial, no se sustituyen las bajas ni permisos, ni se cumplen las ratios mínimas de trabajadores y trabajadoras en cada centro.
Este representante sindical también ha censurado que Política Social presuma de estar preparando «un nuevo modelo de residencias», con grupos de trabajo de los que forman parte «los mismos directores de los centros que cometen las tropelías».
Finalmente, Alfonso Naia (CIG), ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respalde esta huelga, ya que se trata «no solo de un conflicto laboral, sino también social», dada la importancia de este servicio en una comunidad «envejecida» como Galicia.