Los rectores de las tres universidades públicas gallegas han explicado este martes que trabajan, en el marco de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), para que se de una solución a los 4.000 investigadores gallegos que actualmente tienen contratos por obra y servicio afectados por la reforma laboral.
«Estamos en negociaciones, a través de la CRUE, para tener alguna solución temporal mientras no se solucione la Ley de ciencia porque puede ser un atranco estos meses», ha explicado el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, tras participar en un acto en Santiago junto al rector de la USC, Antonio López, y el de la UDC, Julio Abalde. En el evento también ha participado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Según ha explicado Reigosa, las universidades ya tienen la «palabra de la CRUE» de que los fondos previstos para cuando se finalicen los contratos pre y post doctorales previstos en la Ley de ciencia que dependan del Estado sean sufragados por el propio «Estado» de forma que «no recaigan en las universidades».
Y es que, conforme ha explicado Julio Abalde, la reforma laboral afecta a parte importante de las contrataciones, especialmente en proyectos de investigación, por lo que las universidades trabajan a través de la CRUE con los ministerios de Ciencia, Universidades y Trabajo para buscar una solución que permita, mediante la Ley de la ciencia, solucionar problemas como derivados del paso a la contratación indefinida o su afectación en la tasa de reposición. «Pedimos que esos contratos no afecten a la tasa de reposición», ha detallado.
Tras ello, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» al asegurar que buscarán «una fórmula» que permita que el personal que está contratado en estos momentos con cargo a diferentes proyectos puedan continuar en los nuevos modelos de contratación que se van a hacer. «Va a ser una contratación indefinida y habrá que definir cómo se mantienen esas relaciones y cómo, en el momento que no haya fondos en el proyecto, se puede resolver esa situación», ha apuntado.
Por su parte, el rector de la USC, Antonio López, que ha señalado que la reforma supondrá que se encarezcan los contratos al tener que prever una indemnización para cuando terminen, ha explicado que habrá que trasladar a «quien financia» que será necesario un «coste adicional para eliminar la precariedad». Además, Antonio López ha considerado que «seguramente» sería necesario dar un paso más para buscar fórmulas de financiación de la investigación «más estructurales», que no estén «tan condicionadas por el tiempo y que financien estas necesidades».