La situación por la que atraviesa la Sociedad Recreativa e Instructiva de A Gaiteira, con un desahucio por no poder afrontar el alquiler, pone el foco sobre un problema que sufren varias asociaciones y clubes deportivos de la provincia de A Coruña, una incertidumbre que muchos tratan de resolver en privado, pero que ya empieza a movilizar a colectivos a los que les duele mirarse en el espejo de lo que sucede en otros entornos. En A Coruña hay un problema y grande con la Diputación y el tratamiento que hace del reparto de ayudas y subvenciones al tejido asociativo. Ahora lo sufren en A Gaiteira, pero no es un caso aislado.
La Diputación coruñesa abre oportunidades para acceder a subvenciones, decisiones políticas que tratan de apoyar la actividad de colectivos que vertebran la vida social y cotidiana en la provincia. En todos los ámbitos. Pero ahí empiezan los problemas. Hay clubes deportivos que tienen que justificar hasta el gasto en bocadillos para los niños de sus equipos de base. Las exigencias de intervención son peregrinas y ajenas a la realidad. Y las peticiones de devoluciones, sanciones e intereses ahogan a asociaciones que no buscan lucro. En A Gaiteira no son los únicos que lo sufren.
El caos generado empieza a despertar inquietud en la clase política, también en el ayuntamiento, donde en las últimas semanas los interventores han comenzado a operar con armas similares a las de sus vecinos. Algunos colectivos ya se han dirigido a Alcaldía en busca de soluciones y con un mensaje muy evidente: “A lo mejor en las elecciones lo que hay que votar es a los interventores y no a concejales o alcaldes”. En la Diputación se han encontrado con la inacción de la clase política, en especial la socialista, al frente de ambas instituciones, incapaz de poner orden en estas cuestiones. Mientras tanto llegan las denuncias a los juzgados y se acumula el número de entidades señeras que flirtean con la desaparición.
Vienen más en el horizonte, pero el primer fuego a apagar es el de A Gaiteira. Ya se articula una fórmula para que la sexagenaria institución pueda aplazar y fraccionar la devolución que le exigen desde la Diputación y que pueda hacerlo sin una limitación de cantidad. Bajo esa premisa el ayuntamiento ya podría abonarle las correspondientes ayudas que propiciasen su pervivencia porque a día de hoy figurar como deudores de la administración pública les inhabilita para recibir subvenciones. Ese ahogo es el que les impide pagar el alquiler. Quizás alguien debería apegarse a la realidad y entender como funcionan colectivos que no están para beneficiarse sino para beneficiar. O atender a lo que ocurre en otras provincias.