A Coruña no tiene en estos momentos concejal de Urbanismo. A la espera de que en el próximo pleno municipal, en la primera semana de abril, se confirme el alta de Francisco Dinís Díaz Gallego como concejal y la alcaldesa proceda a su nombramiento, una de las áreas más importantes del concello, que engloba Movilidad, Infraestructuras o Vivienda está sin liderazgo. «Claro que hay concejalía de Vivenda», le replicó en el último pleno el portavoz socialista José Manuel Lage al nacionalista Francisco Jorquera, que pedía una atención más específica. Lo que no hay, seguro, es concejal.
Mientras tanto, la parálisis en la gestión urbanística de Inés Rey, se evidencia en las solicitudes de licencias se tramitan con una lentitud que perjudica a los propietarios que quieren hacer obras y a las empresas que las van a realizar. Tal y como reconoce el propio Gobierno municipal en respuesta a una pregunta formulada en su día por el Partido Popular, el 60% de las solicitudes de licencia de obra que entraron en el Ayuntamiento en 2021 estaban sin resolver a finales del año. Durante el año pasado se solicitaron 884 licencias de obra, de las que quedaron pendientes 531 durante el ejercicio.
La tramitación de las licencias urbanísticas se ha convertido en un quebradero de cabeza para ciudadanos, promotores y profesionales que ejercen y prestan sus servicios en actividades que dependen de la obtención de un permiso municipal. Si en el anterior mandato se produjo una parálisis en el departamento de urbanismo en todas sus áreas, en este apenas ha mejorado, pero sobre todo los criterios se han convertido en aleatorios cuando se trata de aplicar el Plan General de Ordenación Municipal y se provocan denegaciones donde antes se otorgaban, requerimientos sobre el mismo expediente sin solicitar documentación una sola vez… Todo esto, denunció en su día la oposición, supone tiempo perdido y bloqueo al trabajo de pequeñas empresas que deben prescindir de trabajadores o huida de inversores a ayuntamientos limítrofes por falta de confianza en el proceso urbanístico.
La ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, establece múltiples instrumentos para que los ciudadanos puedan simplificar sus relaciones con la administración y obtener las licencias municipales en el plazo máximo de un mes. No se aplica. Tampoco hay concejal que lo ordene. Y el horizonte no aparece despejado si se considera que tras la dimisión de Juan Díaz Villoslada el responsable de liderar una concejalía tan delicada será un novato sin experiencia en gestión.